El gobierno mexicano presentó el jueves una propuesta de reforma electoral con la que pretende eliminar las autoridades electorales de los estados y que los árbitros para las votaciones sean elegidos por los ciudadanos.
Además, propone reducir el número de legisladores y la financiación de los partidos, poner en marcha el voto electrónico y ampliar las excepciones a lo que se considera propaganda oficial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros de su gabinete presentaron durante la conferencia de prensa matutina la iniciativa, una reforma constitucional que dejaría el control de las votaciones en manos de un nuevo organismo federal que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE), algo que algunos académicos consideran que sería una vuelta al pasado.
“No hay la intención de que se imponga un partido único”, dijo López Obrador. “Lo que queremos es que haya una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales… Dejar establecido un verdadero Estado democrático”, agregó.
La reforma, una antigua promesa de López Obrador, iniciará ahora su proceso legislativo pero parece difícil que logre el apoyo suficiente en el Congreso porque el partido oficialista y sus aliados no tienen la mayoría calificada de dos tercios necesaria para tales cambios.
El propio presidente es consciente de este reparto de fuerzas, que recientemente bloqueó una reforma constitucional propuesta por su partido en materia eléctrica. Por eso dijo que el Congreso debe estudiar la iniciativa, publicitarla para que todo el mundo la conozca “artículo por artículo” y luego pronunciarse, pero insistió en que la responsabilidad del Ejecutivo era presentarla “aunque no se apruebe”.
Tanto los partidos de la oposición como distintos académicos ya habían mostrado su preocupación ante la intención del presidente de cambiar las reglas de las elecciones y los constantes ataques al INE y el Tribunal Electoral, organismos a los que considera corruptos.
Aunque el gobierno no puede por sí solo cambiar la Constitución, lo que sí está en manos del Ejecutivo es volver a reducir los fondos del INE en el próximo presupuesto, lo que podría poner en riesgo la celebración de las elecciones presidenciales de 2024.
López Obrador lleva décadas en una pelea constante contra las autoridades electorales, ya que se consideró víctima de fraude en diversas ocasiones. No obstante, fue el actual INE el que oficializó en 2018 la abrumadora victoria electoral que lo llevó a la presidencia.
Para el gobierno, las dos principales ventajas de la propuesta presentada serían que México ahorrará más de 1.200 millones de dólares de acuerdo a sus cálculos y que los ciudadanos tendrían voz al elegir a las autoridades electorales entre gente de reconocida honestidad.
Será, agregó el presidente, “el sistema más seguro para evitar el fraude… Es la aplicación plena de la democracia”.
Georgina de la Fuente, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, la consideró “muy desafortunada” y con “retrocesos importantes en algunas cuestiones”.
Información AP
