El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González aseguró que no hay sospechosismo en el registro de aspirantes a Fiscal General para el periodo 2022-2031, pues la convocatoria es transparente y el mejor perfil deberá ser aprobado por el pleno de la Legislatura local.
Lo anterior, luego de que entre los nueve aspirantes registrados hasta el momento, acudió el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, José Castillo Ambriz, y quien también es suplente de Maurilio Hernández, lo que no implica “dados cargados”.
“Es mi suplente pero no respondo de sus decisiones personales, tampoco le puedo decir que no participe donde quiera participar, yo lo invité a ser suplente de la Legislatura y no está en funciones, entonces se puede registrar si quiere. Que quede claro, no tiene nada que ver esa decisión personalísima que él toma, con mi decisión como diputado y como presidente de la Jucopo”, aseveró Maurilio Hernández.
La decisión de seleccionar 10 perfiles es de la Junta de Coordinación Política, refirió, como cuerpo colegiado, y enviarán la propuesta al Ejecutivo, quien deberá regresar una terna a la Legislatura, para que sean entrevistados ampliamente y después pasarán a votación al pleno que elegirá al Fiscal General por mayoría calificada.
“Quitemos ese sospechosismo porque está muy clara la convocatoria, que es lo más transparente posible, en el marco de la ley y de la Constitución, el procedimiento lo tenemos que conducir quienes estamos facultados para ello y lo tendrá que decidir quien está facultado para ello que es la Legislatura en pleno”.
Hasta las 15 horas de este jueves, la Legislatura local tenía el registro de nueve aspirantes a la Fiscalía General: Yazmín Nájera Romero, integrante de la Confederación Nacional de Abogados; José Isauro Bautista, exfuncionario de Ecatepec; Omar Obed Maceda Luna, senador suplente; José Castillo Ambriz, ex presidente del Poder Judicial; Patricia Velázquez Alba, ex fiscal especializada en feminicidios; Edmundo Garrido, exprocurador de la Ciudad de México; Vicente Romero Becerril, ex regidor de Temoaya y ex defensor municipal; María Esther Nolasco Núñez, fiscal regional de Nezahualcóyotl y José Antonio Montiel, titular de la Unidad de Protección de Sujetos que intervienen en el procedimiento penal de extinción de dominio en el Estado de México.
