Los hallazgos encontrados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al presupuesto ejercido en 2020, confirmaron los señalamientos realizados por el Grupo Parlamentario de Morena, respecto al crecimiento ininterrumpido de la deuda pública generada en la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a raíz de la contratación de créditos por 6 mil millones de pesos en ese año, de los cuales sólo se dispusieron 4 mil 952.2 millones.
Durante la tercera reunión de trabajo entre diputados que integran la Comisión de Vigilancia y Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM y especialistas en materia contable de dicha dependencia encargada de revisar el gasto y detectar irregularidades y/o posibles desvíos de dinero, los auditores detallaron que los préstamos solicitados por la actual administración estatal en 2020, sumados a la deuda histórica de la entidad, acumulan un deuda estatal de 44 mil 974.6 millones de pesos, sin contabilizar la solicitud de autorización realizada en 2021 para que el GEM, nuevamente, pida prestado.
Lo que significa que de 2017 al 2020 la deuda pública ha tenido un crecimiento de 5 mil 737.3 millones de pesos, que porcentualmente significa un aumento de 14.6 en ese periodo, a raíz del dinero prestado al GEM por bancos privados, banca de desarrollo (pública) y los créditos-deudas que se tienen con contratistas.
A pregunta de expresa de la diputada de Morena, Azucena Cisneros, los auditores puntualizaron que los montos totales de la deuda pública referidos no contemplan los pagos que tiene que hacer, forzosamente el GEM durante las próximas décadas, por el esquema financiero identificado como Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
Por lo anterior se advierte que si los compromisos de pago que el GEM adquirió mediante el mecanismo de PPS, se suman a la deuda pública reconocida, el monto crecería de manera sustancial.
Los auditores del OSFEM respondieron a los integrantes de la bancada de Morena que en 2020 los pagos realizados por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por el Poder Ejecutivo estatal ascendieron a 16 mil 802.7 millones de pesos, lo que representó 5.4 por ciento sobre el total de los ingresos recaudados, que de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es una irregularidad porque el monto recomendado es menor.
Durante los trabajos de la comisión los auditores precisaron a la legisladora de Morena, Karina Labastida Sotelo, que la Auditoría Financiera y de Obra realizada a la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), arrojó observaciones relacionadas con pago de obras superiores al mercado; mientras que la auditoría realizada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, en materia Inversión física, en su etapa de planeación, programación y presupuestación, están relacionadas con contratación de servicios que no son justificados, obras pagadas no ejecutadas y anticipos de pagos no ejecutados en la obra.
Respecto a la Auditoria Financiera realizada al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM), las observaciones generales en materia de inversión física de las obras, fue por el pago de trabajos no autorizados, obra pagada no ejecutada, costos de obras superiores al mercado, incumplimiento a los plazos de ejecución pactados, obras que incumplen el objeto del contrato, falta de comprobación y justificación del gasto y contrataciones improcedentes, por un monto total de 180 a 180 millones de pesos.
Durante los trabajos de la Comisión, los auditores del OSFEM explicaron que dan seguimiento a 643 expedientes con observaciones no solventadas, de ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, lo que ha derivado en 113 expedientes de presunta responsabilidad administrativa que están fase de substanciación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Respecto a la ejecución de programas sociales Salario Rosa, hay 11 pliegos de observaciones por la entrega de dinero del presupuesto 2020 a beneficiarios de 2018 y 2019, falta de evidencia documental y comprobatoria que confirme la entrega de recursos transferidos a los beneficiarios; entrega de recursos públicos a personas que no cumplen con las reglas de operación y pagos realizados provenientes de partidas presupuestales diferentes.
Otra inconsistencia en los programas es que no miden el grado de avance de las beneficiarias y si el recurso permite superar su situación de pobreza por ingresos, lo que ocurre también en el apoyo otorgado al mejoramiento de vivienda y educación, ni si en el caso de becas, los estudiantes siguieron con su preparación académica.
La suma total de observaciones realizadas por el OSFEM a los programas sociales ascendió a 76, de las cuales se derivaron 80 recomendaciones para mejorar dichos programas que registraron subejercicios por 937 millones 930 mil 823 pesos.
El diputado Daniel Sibaja cuestionó sobre los 13 hallazgos encontrados en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México (GEM) que en ese año operó 169 millones de pesos, y al auditor precisó que no hay evidencia suficiente que acredite difusión de publicidad y propaganda en medios alternos y señalización exterior, así como en diseño de campañas de comunicación institucional y asesoría de apoyo técnico para materiales promocionales, y la dependencia está obligada a entregar los resultados observados.
