El 50% de las atrocidades se concentraron en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Zacatecas.
En la última entrega del estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, Causa en Común reveló que, de enero a agosto de 2022, se han cometido en el país, al menos, 4,134 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades.
Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
De enero a agosto de 2022, se registraron al menos 342 masacres; 1,144 casos de tortura; 562 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 525 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos 247 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.
En promedio se registraron 17 atrocidades cada día, un incremento del 13% en comparación con el mismo periodo del 2021, pasando de 3,655 a 4,134.
El 50% de las atrocidades se concentraron en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Zacatecas.
El 2022 se ha convertido en el año con más asesinatos de periodistas en México en lo que va del siglo, con al menos 16 casos.
Algunas propuestas:
Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes; y b) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
Es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos.
Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
