La diputada Miriam Escalona Piña, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Congreso local, afirmó que las personas servidoras públicas están obligadas a generar una nueva agenda en materia de combate a la corrupción y a establecer redes de colaboración con la sociedad civil organizada, pues naturalizar la corrupción implicaría enfrentar un futuro devastador desde el punto de vista social, económico y cultural.
Al encabezar el foro ´´Retos y avances del sistema Estatal Anticorrupción´´, la legisladora aludió a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el Inegi, la cual arrojó que 83.7% de las y los mexiquenses percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes en los gobiernos estatales y 80.4% dijo que en los municipales, por lo que los consideró instituciones que inspiran poca confianza. Además, la tasa de personas que tuvieron contacto con algún servidor o servidora púbica y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 20 mil 683 personas por cada 100 mil habitantes.
La legisladora panista propuso tres estrategias que permitirán avances concretos: dar seguimiento a la labor preventiva de los órganos fiscalizadores; duplicar el esfuerzo para impulsar criterios de profesionalización e implantación del servicio profesional de carrera, y promover la participación ciudadana mediante mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.
En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, la diputada dijo que para seguir reforzando esta lucha se requieren medidas simbólicas y acciones contundentes que tiendan a recuperar la credibilidad de las y los ciudadanos en las instituciones públicas, estableciendo metas y objetivos claros.
En su turno, José Guadalupe Luna Hernández, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, destacó el reto de ganar calidad moral e incrementar su credibilidad ante la ciudadanía. Además, llamó al Poder Legislativo a dar seguimiento a la instalación y funcionamiento de los sistemas Municipales Anticorrupción; de los que se han instalado 103.
En presencia de José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Infoem, agregó que el sistema debe demostrar eficiencia y eficacia en el desempeño de sus órganos y enfocar su trabajo, fundamentalmente, al trato de las personas con la policía y los agentes de tránsito, la atención de los Ministerios Públicos, la actuación de los jueces y la realización de trámites en línea.
También participante en el foro, Victorino Barrios Dávalos, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, expuso que todo servidor público debe acostumbrarse a rendir cuentas y que es preciso explorarse nuevas formas para nombrar a los contralores municipales, que actualmente son propuestos por las y los alcaldes, por lo que es necesario que sean designados o avalados por la Legislatura, para que no se vean obligados a informar a quien les paga.
Propuso también que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México se transforme en un tribunal que rinda cuentas o por lo menos ser un órgano autónomo con recursos propios, además de que se reformen ciertos aspectos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para que no prescriban ni caduquen las faltas que implican un daño económico e incluir la certificación de autoridades y la clarificación de sus funciones.
