A fin de contribuir a erradicar la mendicidad forzada, entendida como la explotación de personas indígenas o que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, Comisiones Unidas del Congreso mexiquense aprobaron incorporar este delito a la legislación local y sancionarlo con penas de prisión como una modalidad de trata de personas.
De acuerdo con la propuesta de la diputada Juana Bonilla Jaime y el legislador Martín Zepeda Hernández, integrante y coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se entenderá como mendicidad ajena la explotación para obtener un beneficio, cuando se obligue a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad a través de amenazas de daño grave, uso de la fuerza y otras formas de coacción o engaño, valiéndose de una situación de vulnerabilidad o indefensión.
De acuerdo con el dictamen, expuesto por la diputada Karina Labastida Sotelo, la mendicidad ajena lesiona la dignidad y se agrava por la delincuencia organizada que ha hecho del tráfico de personas una fuente de ingresos, además de que en los últimos tiempos se ha incrementado la migración de personas de comunidades originarias a la entidad, quienes se vuelven víctimas potenciales de la delincuencia.
Las reformas al Código Penal del Estado de México equiparan la mendicidad ajena con el delito de trata de personas que se sanciona con penas de seis a doce años de prisión, o de nueve a 18 años cuando es cometido por una persona servidora pública.
Estas penas se incrementarán al doble cuando el delito se ejecute en contra de una persona perteneciente a un grupo indígena o que se encuentre en condiciones de marginalidad o vulnerabilidad social, establece el dictamen.
Además, las modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México integran el concepto de mendicidad ajena y estipulan que corresponderá al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad (DIFEM) implementar campañas de prevención y denuncia bajo una perspectiva interseccional de género y con enfoque en derechos humanos.
Las reformas avaladas por unanimidad de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, presididas por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) serán remitidas a la Asamblea plenaria para su votación definitiva.
