A fin de disuadir a las personas servidoras públicas de incurrir en actos de corrupción, la diputada Azucena Cisneros Coss propuso ampliar los delitos correlacionados al cohecho, abuso de autoridad y peculado, además de considerarlos graves, al igual que el ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito.
En sesión deliberante del Noveno Periodo de Sesiones, la legisladora proponente afirmó que el Estado de México es considerado uno de los más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad, y que al entrar en vigor la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el catálogo de delitos graves no sufrió actualización, por lo que lejos de ayudar dio lugar a la permisividad para que cualquier funcionario realice conductas antijurídicas y punibles.
Por ello, la reforma el artículo 9 del Código Penal de la entidad plantea sancionar como grave el abuso de autoridad previsto en los artículos 335, 338 fracción II y 339 párrafo segundo fracción II; el de cohecho señalado en los artículos 346 fracción II y 347 fracción II; y, el de peculado indicado en el artículo 351.
También plantea adicionar como delitos graves el ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 344 y el de enriquecimiento ilícito señalado en el artículo 352, para los cuales la Carta Magna ya establece prisión preventiva oficiosa.
Además, que los procedimientos administrativos o de responsabilidades iniciados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por los órganos de control interno estatal o municipales, y los sustanciados en materia jurisdiccional administrativa que se inicien a partir de la entrada en vigor del decreto, implicarán la obligación de informar, comunicar o iniciar denuncia, conforme a las normas aplicables, respecto los posibles delitos que se desprendan en los mismos.
Cisneros Coss indicó que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación solo 2% de los delitos de corrupción son castigados y casi nunca incluyen los cometidos por altos mandos.
La propuesta, a la que se sumó la diputada Juliana Felipa Arias Calderón, fue remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen.
