- Irrupción sin orden judicial, detenciones sin flagrancia y cerco informativo: el caso Naucalpan escala y exhibe tensiones en la estrategia contra centros de rehabilitación
Naucalpan, Estado de México, 19 de marzo de 2026.— Un operativo de la Fiscalía estatal en un centro de rehabilitación desató una denuncia que ya escala a nivel nacional por presuntas violaciones graves al debido proceso, uso indebido de la fuerza y detenciones arbitrarias, en un contexto de creciente presión oficial sobre los llamados “anexos”.
Los hechos ocurrieron en el CETRAPAD “Lenguaje de Corazón, un Llamado al Amor” A.C. (Casa #2), en la colonia Capulín Soledad, donde —de acuerdo con testimonios directos— agentes ministeriales ingresaron sin presentar orden de cateo ni de aprehensión, en lo que los afectados califican como una “irrupción ilegal” en un domicilio privado.
Durante la intervención fueron detenidos Víctor Manuel Becerra Rivera, Mauricio García Sánchez —identificado como representante del centro— y Francisco Javier Nieves Picasso, quienes permanecen en instalaciones de la Fiscalía Regional de Naucalpan.
Familiares y asesores legales sostienen que las detenciones se realizaron sin flagrancia, lo que, advierten, podría configurar privación ilegal de la libertad. A ello se suma un elemento que ha encendido las alarmas: la negativa de la autoridad para permitir el acceso a la carpeta de investigación.
“Estamos ante un cerco informativo total. No hay cargos claros, no hay expediente disponible y no hay garantías mínimas de defensa”, denunció un integrante del equipo legal.
Los señalamientos van más allá. Testimonios recabados apuntan a que el operativo se desarrolló en un ambiente de intimidación, con presuntas amenazas y agresiones verbales por parte de los elementos actuantes, lo que habría inhibido cualquier intento de verificación legal en el momento de la diligencia.
“La legalidad no es opcional, ni siquiera en operativos contra espacios cuestionados. Si no hay órdenes judiciales ni transparencia, se abre la puerta a abusos sistemáticos”, señaló un analista en seguridad consultado.
La situación entró en fase crítica. Familiares y miembros de la comunidad advirtieron que, de persistir la opacidad y no liberarse información sobre la situación jurídica de los detenidos, iniciarán movilizaciones y bloqueos en vialidades clave del Valle de México.
El conflicto amenaza con escalar en un momento particularmente sensible para la gobernabilidad en la zona metropolitana, donde cualquier interrupción vial tiene impacto regional.
El caso Naucalpan no sólo pone bajo escrutinio un operativo específico: abre un frente nacional sobre los límites de la autoridad en la intervención de centros de rehabilitación y la delgada línea entre la regulación y la violación de derechos.
