Ciudad de México a 29 de julio del 2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se firmará un decreto para liberar presos que no hayan cometido delitos graves y que cumplan con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75, o adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas.
Durante la conferencia de prensa matutina, se indicó que en los próximos días se realizará el decreto en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo el mando de Olga Sánchez Cordero, para que entre en vigor inmediatamente con el objetivo de evitar que la liberación se exceda del 15 de septiembre de 2021.
Sánchez Cordero explicó que AMLO los instruyó en los cuatro puntos en los que puede ser aplicable, además, en todos los casos se seguirá un procedimiento simplificado.
1. Todos aquellos no sentenciados por el fuero federal y con más de 10 años en prisión se convertirán en personas libres.
2. Los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal y que no hayan cometido delitos graves.
3. Adultos mayores de 65 años que estén en la cárcel, con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves. En este caso se le pedirá a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes.
4. Todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul.
“No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado, nadie”, expresó el Presidente.
La población total que actualmente está privada de su libertad en cárceles federales es de 220 mil 114 personas, de las que 125 mil 567 está sentenciada y 94 mil 547 no cuenta con sentencia.
Del sector no sentenciado, de fuero común son 82 mil 189, mientras que de fuero federal hay 12 mil 358.
El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez y sin sentencia hasta ahora, debe ser liberado, ya que se cometió tortura durante su detención.
AMLO espera que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y aseguró que la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol “para la protección de los derechos humanos y de la justicia”.
