Con el propósito de prevenir y combatir los casos de extorsión que en ocasiones tienen origen en los penales mexiquenses, la Secretaría de Seguridad (SS) a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, ha diseñado una estrategia integral para erradicar este ilícito.

Una de las prioridades más importantes de la dependencia es garantizar la paz y tranquilidad de la población; por lo que, para prevenir que los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) sean epicentros de extorsiones; se han puesto en marcha distintas acciones a fin de evitar hacer llamadas con este propósito, y al mismo tiempo el desarrollo de otros delitos.

Entre las medidas, se encuentra la consolidación de un banco biométrico estatal que permite que todas las Personas Privadas de la Libertad (PPL) puedan ser identificadas mediante huella digital, fotografía y voz; a la fecha, está registrado el 85 por ciento de la población y se estima que a finales de año este cubierto el total que corresponde a 34 mil 157 internos.

Así mismo, se han incorporado sistemas de inhibición de señal de telefonía; en 2018, se instalaron dichos equipos en los Centros de Ecatepec, Tlalnepantla y Chalco; en 2020 en Cuautitlán y la primera etapa en Santiaguito; la segunda fase en este último centro se encuentra en proceso.

También se han fortalecido las capacidades institucionales en la detección y decomiso de teléfonos; se creó un grupo especial de combate a la extorsión, el cual desde su puesta en marcha ha logrado identificar y desarticular a los generadores de este delito al interior de los penales.

A nivel interno, se realiza la rotación de personal de custodia como medida de seguridad; además de operativos sorpresas enfocados en el personal penitenciario; durante el periodo enero-noviembre 2021, el Grupo Táctico Penitenciario llevó a cabo 71 intervenciones en las aduanas de los diferentes Centros Penitenciarios, haciendo revisiones para evitar la introducción de objetos y sustancias prohibidas.

Como parte de los operativos de supervisión extraordinaria en los distintos CPRS, se han redoblado las capacidades en materia de videovigilancia y han aplicado sanciones ejemplares en contra de infractores a la prohibición de posesión de aparatos telefónicos.

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