Agentes de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), en conjunto con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), Policías Municipales y de la Dirección del Medio Ambiente del municipio de Nezahualcóyotl, rescataron a 95 caninos los cuales se encontraban con maltrato animal al estar bajos de peso, en condiciones insalubres y sin atención médico veterinaria.

Esta acción conjunta fue realizada durante un operativo llevado a cabo la tarde del 13 de octubre, en un inmueble de la calle Malagueña, en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Los animales rescatados fueron sedados para garantizar su bienestar durante el traslado al Centro de Atención Zoonosis ubicado en este municipio, para su valoración, tratamiento y recuperación.

El despliegue formó parte de una indagatoria iniciada por la FGJEM y la PROPAEM, luego de que fue difundido en medios de comunicación la supuesta engorda de caninos en un inmueble de este municipio, ya que, con la indicación de José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General, deben atenderse todos los delitos establecidos en el código penal, incluido el de maltrato animal, con la misma importancia ya que es la responsabilidad de la Fiscalía.

Por este caso, la FGJEM y la PROPAEM, continuarán con las indagatorias correspondientes con el fin de identificar la posible comisión de hechos constitutivos de delitos y faltas administrativas.

Al respecto, Luis Eduardo Gómez García, titular de la PROPAEM, comentó que gracias a las acciones coordinadas que realizan la dependencia a su cargo y la FGJEM, durante lo que va de la actual administración se han integrado 97 carpetas de investigación judicializadas por el delito de maltrato animal, siendo 2019, el año con mayor índice con 26 carpetas.

Gómez García resaltó que el Estado de México se encuentra a la vanguardia en materia de legislación para el bienestar animal, ya que la sanción administrativa podrá ser desde $96,220.00 pesos hasta los $240,550.00 pesos; asimismo, se considera un delito, con una pena privativa de la libertad que podrá ir de 3 a 6 años.

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