La cuesta de enero: los aumentos en impuestos que nos depara el 2027.

Por: Horacio López

Cada vez que arranca un nuevo año nos inundan con discursos de estabilidad y bienestar social. Sin embargo, cuando uno revisa con calma la recién aprobada Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos para 2027, la realidad es muy distinta: el gobierno va por 10.6 billones de pesos —un incremento del 3.9% respecto al año pasado—, y la vía para lograrlo es apretarnos el cinturón a todos.

Lejos de ser un ajuste menor, este paquete de cobros y gravámenes viene cargado de incrementos que, tarde o temprano, terminaremos pagando los ciudadanos en el día a día. Vivir en México el próximo año, simplemente, va a salir más caro.

Viajar y transportarse: Golpes directos al bolsillo

Si entre tus planes está salir de vacaciones o moverte por el país, prepárate. El uso del espacio aéreo nacional subirá un 10%, y ahora se aplicará una nueva fórmula basada en el peso de los aviones y los kilómetros recorridos. Traductores de esto en la vida real: boletos de avión más caros.

Lo mismo pasa en tierra. El tren de carga y pasajeros verá un aumento del 1.25% al 3% en los derechos que pagan las empresas con más de 15 años de operación. Y si recibes visitas del extranjero o tienes familia fuera, el Derecho de No Inmigrante (DNI) subirá a 1,158 pesos, eliminando además los beneficios que antes tenían los pasajeros de cruceros.

La salud privada también se eleva al cielo

Uno de los puntos más delicados es cómo este paquete golpea los servicios médicos y los trámites regulados por la Cofepris. Lejos de afectar solo a las grandes empresas, los costos en el sector privado se disparan:

La licencia para servicios de transfusión sanguínea pasa de 1,482 pesos a 17,349 pesos.
Autorizar protocolos de investigación médica salta de 8,195 pesos a 43,209 pesos.

Estos incrementos tan agresivos ahogan a laboratorios y clínicas, obligándolos a subir sus precios. Al final, quien se enferma y no puede esperar las largas filas del sector público termina pagando los platos rotos.

Presión a las empresas y al empleo

A nivel corporativo, las reglas del juego del Impuesto Sobre la Renta (ISR) también se endurecen. Se recortan deducciones a las empresas que ganan más de 50 millones de pesos al año, se limita la recuperación de pérdidas y se reducen los márgenes para deducir intereses.

Aunque se nos vende como una medida de equidad, en la práctica esto ahoga la liquidez de los negocios —especialmente de las pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía—, poniendo en riesgo empleos y elevando los costos de producción.

En conclusión: La factura la paga el ciudadano

A todos estos cobros hay que sumarle los aumentos naturales por la inflación y los impuestos especiales a las gasolinas, los cigarros y las bebidas azucaradas.

El discurso oficial nos habla de un país en constante avance, pero en la calle la historia es otra: un aparato gubernamental que recauda más para sostener sus propios gastos, dejando al contribuyente común con menos margen de maniobra.

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