Luisa Gabriela Morales Vega, profesora e investigadora del Centro Universitario Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), participa en un proyecto internacional de investigación que tiene como propósito dar respuesta a los desafíos que enfrenta la comunidad migrante en países que tienen un importante flujo de ingreso, expulsión y tránsito a raíz de la pandemia de COVID-19.
En este trabajo, que inició formalmente el pasado 6 de enero, pero que en términos reales arrancó en noviembre de 2020, cuando ya eran patentes los efectos de la pandemia sobre la comunidad migrante, colaboran también investigadoras de Nepal, Zimbabue y Qatar; y tiene como sede la Universidad de Friburgo, Alemania.
La Doctora en Derecho e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) destacó que esta investigación ha sido sumamente prolífica y ya cuenta con diversos productos como working papers, disponibles en la página de la universidad alemana, así como videos, webinars y congresos de relevancia internacional como el de la Asociación Internacional de Migraciones Forzadas, que este año tuvo lugar en la Universidad de Ghana.
La experta universitaria puntualizó que el trabajo ha sido productivo y, por ejemplo, evidencia que la política migratoria emprendida por el gobierno mexicano se caracteriza por la ambigüedad. “Por un lado, tenemos leyes sumamente protectoras, garantistas, humanitarias al extremo y, por otro, la ejecución de la política pública en materia de control y verificación migratoria ha sido muy agresiva”.
Cuando nos enfocamos, abundó, en el análisis de las repercusiones que la COVID-19 tiene en esta materia, vemos que se toma una decisión que hemos calificado, incluso, de insensible, porque se cerraron fronteras, se cayó el transporte y las miles de personas que estaban en tránsito quedaron en el limbo, atrapadas, varadas, fuera de cualquier posibilidad de continuar su viaje, establecerse o acceder a servicios de salud públicos.
Asimismo, aseveró, cuando se empiezan a hacer los señalamientos a la autoridad, con respecto a que las personas requieren cierta atención, lo que se hace es liberarlas. Así, en abril o mayo del año 2020, los migrantes fueron liberados de los centros migratorios sin que se les hicieran pruebas COVID, sin proveerles de ningún acompañamiento para su salud ni ninguna medida sanitaria para evitar la propagación del virus. De igual manera, dijo, los mexicanos que venían de Estados Unidos tuvieron derecho al libre tránsito sin el mínimo control sanitario en la frontera.
Este abandono, sostuvo Luisa Gabriela Morales Vega, provocó la expansión del virus entre la población migrante, que se vio obligada a quedarse parada en determinados lugares. No hay una reacción oportuna, a pesar del tiempo que ha pasado, para otorgar asistencia médica o sanitaria o para regularizar la estancia de estas personas, lo cual se agrava con el muro burocrático de los Estados Unidos, que no están dejando pasar a nadie.
